Entre las medidas propuestas para reducir las emisiones aparecen aranceles para las importaciones cargadas de carbono y el dejar de considerar al gas como combustible de transición.
La Unión Europea anunció un ambicioso programa ambiental que confirma las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% (respecto a los niveles de 1990) para el 2030 y que podría afectar seriamente el comercio exterior con Argentina.
El paquete llamado “Fit for 55” propone aranceles adicionales a las importaciones cargadas de carbono, es decir, a productos cuya cadena no se haya abastecido de energías limpias. El propósito es presionar al resto del mundo a ponerse en sintonía y así no sacar ventaja de una matriz energética más sucia y económica, mientras aumentan los ingresos del fisco para poder acelerar el financiamiento a las políticas verdes.
“Como se ve, el Coronavirus no impide que en otros lares se legisle y se siga avanzando con la economía y las prioridades naturales del mundo. Entre estas prioridades, las emisiones de carbono son una muy importante parte. Es igualmente importante, que nuestro país esté a la altura de las circunstancias y actué en consecuencia, para no lamentar más adelante la pérdida de competitividad y quedar relegado a ser un mero espectador de los cambios que bien articulados pueden inclusive favorecernos”, señaló a EOL el consultor energético Cristian Alonso Sisini.
Esto se vería reforzado al poner la lupa también sobre el transporte marítimo de estas mercancías, lo que significaría una doble carga tributaria que podría dejar fuera de competencia a los países menos avanzados en la incorporación de renovables.
Si bien la Argentina tiene una matriz bastante limpia por el uso de hidroelectricidad, energía nuclear y la rápida incorporación de renovables de los últimos años, está lejos de ser carbono neutra y sus productos se verían claramente afectados por estas normativas.
[Kulfas lanza un plan de desarrollo verde para alinearse con la agenda de Biden y el FMI]
“Me preocupa la falta de toma de conciencia con las barreras para arancelarias en las exportaciones al primer mundo. Veo mucho voluntarismo en el gobierno, mucho webinar y artículo periodístico, pero pocos proyectos pilotos y pocas inversiones concretas. Está muy en boga y de moda el hidrógeno verde, pero para desarrollarlo en serio necesitás un parque renovable muy grande y hoy no están las condiciones para invertir. No podemos perder la carrera que ya venimos perdiendo hace 10 años con Chile teniendo recursos superiores”, cuestionó el Director de la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader), Juan Manuel Alfonsín, en diálogo con este medio.
Al mismo tiempo, la Comisión Europea abrió la puerta para dejar de considerar al gas como combustible de transición, una categoría clave para Argentina porque aseguraba un amplio mercado para los recursos de Vaca Muerta durante varias décadas.
[“El hidrógeno puede ser la segunda soja de Argentina”]
“La creciente atención a las emisiones de metano ejercerá una mayor presión sobre el gas natural. Si el impacto de las emisiones de metano se calcula correctamente y se tiene en cuenta, y espero que esto ocurra en los próximos años, el gas natural perderá su estatus de combustible de transición. Incluso ahora este estatus no está justificado”, señaló Julian Popov, miembro de la Fundación Europea del Clima y ex ministro de Medio Ambiente de Bulgaria.
En ese sentido, Alonso Sisini remarcó la necesidad de avanzar en la licuefacción in situ del gas natural para reducir los venteos y así evitar sanciones. En tanto, el Director de Cader alertó sobre el caso del Puerto de Barcelona que “ya está negando el gas procedente del shale producto del fracking”.
[¿En qué fecha el mundo dejará de vender autos a naftas?]
Otras de las medidas propuestas por la Comisión Europea incluyen que el 40% de la energía consumida sea producida a partir de fuentes renovables en 2030, que todos los vehículos fabricados a partir de 2035 generen cero emisiones y que el sector agrícola y ganadero logre neutralidad climática para esa misma fecha.
Para ello, exigirán a sus Estados miembros que amplíen la infraestructura de repostaje automotor para que haya puestos de recarga eléctrica cada 60 kilómetros y recarga de hidrógeno cada 150 kilómetros en todas las autopistas.